Sor Juana Inés de la Cruz
ESCRITURA DE FUNDACIÓN
(Juana Inés de Asbaje y Ramírez; San Miguel de Nepantla, actual México, 1651 - Ciudad de México, id., 1695) Escritora mexicana. Fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres años, y a los ocho escribió su primera loa. Admirada por su talento y precocidad, a los catorce fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y habilidad versificadora.
Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las carmelitas descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales: «Vivir sola... no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros», escribió.
Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés, cuya obra introdujo en el virreinato, y también del nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad.
En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia la influencia de Góngora y Calderón, hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.
ESCRITURA FEMINISTA Y FEMENINA LATINOAMERICANA
Dentro del escenario literario esta dos acepciones de lo femenino y feminista han tenido diversidad de significados en el caso que nos ocupa discerniremos los términos según Elaine Showalter y la crítica francesa -Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Helene Cixous, Julia Kristeva- las características femeninas son las que establecieron los primeros patrones para el inicio de una literatura hecha por mujeres, mientras que las características feministas están relacionadas a la época en la cual se instaba a que la literatura realizada por mujeres transgrediera cánones de la literatura patriarcal y tomar un camino diferente entre la escritura de hombres y mujeres.
Las escritoras femeninas se sitúan principalmente en el siglo XIX en el período de la sumisión o, según Showalter, época de la imitación. Se define este momento por la sumisión y el silencio de la mujer que sufre en el ambiente privado y público, represión sexual, dependencia patriarcal, la mujer como objeto para procrear una familia y tal es el caso en Latinoamérica de la escritura de Mercedes Cabello de Carbonera y Soledad Acosta de Samper.
La mujer escritora también se ubica en la etapa de la subversión y la revuelta, posee como particulares la toma de la palabra y conciencia del ser mujer, la apertura sexual, independencia patriarcal, la mujer agente y tratando de ubicarse dentro del campo laboral del hombre. Escritoras como Rosario Castellanos, Albalucía Ángel, Isabel Allende y Ángeles Mastretta son algunos ejemplos de la escritura feminista.
Las escrituras femenina y feminista en Latinoamérica han luchado por tener un puesto en la sociedad escritural donde ha sido regido por el hombre. A partir del siglo XIX las escritoras latinoamericanas se apropiaron de los espacios de las letras y expresaron su ideología acorde a la periferia en la cual estaban presente la literatura masculina. Sobre lo anterior, Marjorie Agosín señaló sobre el papel de algunas escritoras contemporáneas en Latinoamérica: “ son las mujeres que inventaron otras maneras de ser y vivir en el mundo, las modalidades diferentes creadas, se reconcilian con lo privado y lo político, la vida creativa con su condición como las mujeres, y eligió en sus textos el poder liberando de la imaginación como un estilo de vida” (Agosín: 16)
JOSEFINA CALLES
2 comentarios:
CONCEPCIONES DE LA POLITICAS SOCIALES Carlos A. Sabino1.
En las Políticas Sociales para abordar el tema desde una perspectiva general es conveniente que previamente formulemos algunas consideraciones, tanto históricas como de carácter teórico, sobre el propio concepto de política social. Ellas nos permitirán comprender mejor el debate actual y nos darán los elementos de juicio necesarios para distinguir las diferentes concepciones que actualmente se proponen para definirla. Si entendemos por política social el conjunto de acciones desarrolladas por el Estado, a cualquiera de sus niveles, encaminadas a incrementar el bienestar de la población y a resolver lo que en un momento dado se definan como "problemas sociales", encontraremos que ésta ha ido evolucionando de acuerdo al siguiente patrón o modelo general:
a) Paralelamente a la expansión de los roles del Estado que se registra, casi sin excepción, desde finales del siglo XIX, ha ido ampliándose el espectro de las políticas sociales. Dos puntos de inflexión importantes al respecto son el establecimiento de un sistema global de seguridad social durante la época de Bismarck en la Alemania de fines del siglo pasado y el lanzamiento del New Deal por Roosevelt, en los Estados Unidos, en la década de los treinta. La tendencia al incremento de la acción social delos Estados, sin embargo, ha comenzado a revertirse desde hace unos quince años, aunque sin afectar hasta ahora, por lo general, más que programas específicos o sectoriales.
b) Las políticas sociales ha sido más implícitas que explícitas, en el sentido de que no se ha procedido a trazar un marco general de objetivos y planes a largo plazo, abiertamente discutido y fundado, sino a responderá la emergencia de lo que cada sociedad, en un momento determinado de su existencia, calificaba como problemas sociales. Por eso resulta difícil trazar la línea de una auténtica evolución en cuanto a los criterios generales que la definen, debiendo ésta más bien ser inferida de las acciones que de hecho han realizado los gobiernos.
c) Respecto a las políticas sociales no se registra, al menos hasta hace unos pocos años, la existencia de posiciones claramente definidas que surjan de proposiciones teóricas explícitas que pudieran sustentarlas. A diferencia con otro tipo de políticas como por ejemplo las políticas comerciales, referidas al tema del proteccionismo en el las políticas sociales se han discutido sin un marco de referencia teórico capaz de explorar en profundidad la necesidad, el sentido y las consecuencias de cada una de las acciones que se toman. Como resultado de todo lo anterior, el proceso de establecimiento de políticas sociales ha seguido un patrón donde las consideraciones políticas y empíricas han jugado un papel relevante. El mecanismo, muy simplificadamente, ha operado de la manera siguiente: cuando ante ciertas situaciones la sociedad más concretamente, sectores del electorado, grupos de presión o de intelectuales han puesto de relieve la existencia de un problema social y reclamado una acción para resolverlo, la dirigencia política ha comenzado a considerar la posibilidad de emprender una acción estatal para responder a esas demandas. De acuerdo a las posibilidades prácticas directamente ligadas a las cifras del presupuesto público y a la intensidad de la presión recibida dependiente de la fuerza política de los actores en juego se han delineado entonces programas sociales de diverso tipo. Estos programas, sin embargo, se han planteado en general como respuestas directas e inmediatas a los problemas presentados, sin un estudio de sus efectos a largo plazo y sin una consideración de sus repercusiones indirectas sobre el gasto público, sus consecuencias sobre la economía y otros efectos secundarios
.2.- Concepciones Básicas de Política Social: Hemos planteado hasta aquí algunas consideraciones generales que se refieren, ante todo, a la evolución y definición de las políticas sociales. Pero para poder profundizar en el marco precedente y aproximarnos a la comprensión de las tendencias actuales es preciso, antes de continuar, categorizar los diferentes tipos de política social concebibles de acuerdo a algunas líneas maestras que permitan ordenarlas. Un punto de partida obligado para ello es considerar que, en última instancia, toda política social consiste en un gasto efectuado por el Estado dirigido hacia ciertas metas específicas.
2.1.- Invertir en lo social: La idea de inversión social parte de un criterio no intervencionista de la acción estatal que reconoce la imposibilidad modelar, desde el Estado, las conductas y fenómenos sociales de mayor importancia: en este caso la economía y las relaciones sociales se consideran, básicamente, elementos que evolucionan por sí mismos y que por lo tanto no pueden ser modificados sustancialmente desde el poder político. Lo que puede hacer el Estado, por lo tanto, es incidir sobre procesos básicamente espontáneos para generar ciertas condiciones favorables a determinados resultados. En términos más concretos, y como ya lo hemos expresado en otra oportunidad, se trata de "realizar una especie de inversión en lo social, que favorezca las condiciones para que los problemas sociales vayan superándose por la acción misma de quienes los padecen, asumiendo que ellos, naturalmente, desean mejorar sus condiciones de vida e incrementar su bienestar." (Sabino, 1994, 22). Dicho en términos más concretos, una política social de este tipo se concentrará en la construcción de obras de infraestructura, en la generación de los servicios necesarios para que las personas produzcan riqueza y en la eliminación de los obstáculos que se detecten en la vía del crecimiento económico. Educación, salud, servicios sanitarios, seguridad personal y comunicaciones serán las áreas donde se hará un mayor esfuerzo, aunque ello no descarta por supuesto la elaboración de programas específicos para la atención de grupos particulares de la población que sufran determinadas desventajas (Wagner, 1989, 36).Las políticas basadas en subsidios, por el contrario, enfatizan la posibilidad de lograr efectos concretos transfiriendo recursos a los sectores más necesitados. Si bien los defensores de estas políticas suelen resaltar los efectos redistributivos que ellas producen, es conveniente apuntar aquí que, en última instancia, toda política social genera un efecto neto de distribución de los recursos. Ello es así porque el Estado, en cualquier caso, obtiene por la vía de los impuestos los ingresos que luego gastará de acuerdo a sus prioridades. Del dinero de toda la sociedad y, más específicamente, de los tramos sociales de ésta que más contribuyen a la recaudación, saldrán los recursos con que se realicen obras de infraestructura, se subvenciones productos o instituciones o se paguen las ayudas directas que se dirijan a ciertos grupos sociales. Aunque en algunos casos los efectos aparezcan más nítidamente que en otros, siempre se asistirá a una "desviación" de recursos: los gastos o inversiones del Estado, por cualquier concepto, no serán nunca los mismos que los que los contribuyentes hubiesen elegido de no tener que pagar impuestos. Si existe una estructura impositiva progresiva, de modo tal que relativamente paguen más los que obtengan mayores ingresos o posean más bienes, se producirá de todos modos un efecto redistributivo global, que incrementará directa o indirectamente los bienes y servicios a disposición de los sectores más pobres. De modo tal que no puede considerarse como que ciertas políticas sociales sean redistributivas y otras no, sino que es más ajustado a los hechos considerar que toda política social produce una cierta redistribución aunque ésta, naturalmente, varié en cantidad y naturaleza según se oriente por unos u otros criterios.
2.2.- Los Subsidios Indirectos: Habiendo aclarado este punto, que suele introducir en el debate intensas pero falsas polémicas, analicemos brevemente el criterio que se usa para fundamentar, por lo general, la política de subsidios. Este, en realidad, es muy simple y directo: se trata de transferir, por intermedio del Estado, recursos de los sectores económicos más poderosos a los más débiles. Desde este punto de vista las políticas de subsidios indirectos son más opacas y menos explícitas que las de subsidios directos. En el primer caso el Estado subvenciona la producción de ciertos bienes y servicios como productos alimenticios, electricidad, combustibles, etc. ya sea mediante transferencias que se dan directamente al productor o por medio de ciertos mecanismos indirectos como la eliminación de impuestos, el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales, la venta de insumos a un precio menor a su valor de mercado o, como ha sucedido en Venezuela en épocas recientes y al momento de escribir estas líneas(agosto de 1995), a través de una tasa preferencial para la compra de divisas destinadas a la importación de productos de primera necesidad. Un obvio inconveniente económico que tiene este tipo de políticas es que ellas tienden a distorsionar la asignación de los recursos productivos de una sociedad y que tal distorsión, por diversas razones, manifiesta una propensión a crecer con el tiempo, hasta que casi siempre se llega a resultados impredecibles y confusos que impiden determinar quién está subsidiando a quién y en qué cuantía. El caso del subsidio a la gasolina en Venezuela, por ejemplo, resulta típico al respecto, pues opera de un modo regresivo al subsidiar mayormente a los propietarios de vehículos particulares (que se sitúan en el tercio de mayores ingresos) en desmedro del resto de la población. Otro problema que traen los subsidio sin directos es que ellos llevan generalmente a la fijación de precios oficiales y al establecimiento de variados tipos de controles, con lo que ciertos modelos de producción y consumo se tienden a fijar o congelaren el tiempo, estancando las innovaciones y el uso más flexible del capital y de la mano de obra. Estos subsidios, además, aseguran a ciertos grupos empresariales mercados cautivos, impiden la entrada de nuevos productores al mercado y, por tales razones, favorecen la emergencia de monopolios o coadyuvan a intensificar y consolidar los monopolios u oligopolios ya existentes. Las presiones políticas de los grupos sociales que se consideran favorecidos impiden casi siempre disminuir tales transferencias (como lo evidencia, por ejemplo, la Política Agrícola Común de la Comunidad Europea), lo que lleva al resultado de que los subsidios indirectos tienden a aumentar con el tiempo, provocando obvios problemas de gestión fiscal: crecientes rigideces en la composición del presupuesto público y déficits que tienden a acumular sede un modo inmanejable. Desde el punto de vista más estrictamente social, por otra parte, los subsidios indirectos no permiten destinar los recursos del Estado a grupos específicos de personas con necesidades conocidas. Al subsidiarse a productos de consumo masivo se incluye en ellos a una gruesa fracción de la población total, lo que impide discriminar los beneficios y en caminarlos hacia donde más se necesitan; los recursos que se destinada estas transferencias van reduciendo, además, las disponibilidades presupuestarias que permitirían una política más flexible en cuanto a encarar los problemas sociales específicos que se vayan presentando. Por todos estos motivos, y porque ejercen una influencia restrictiva muy seria sobre el trazado de las políticas macroeconómicas, los subsidio sin directos han caído en desuso en casi todas las naciones durante la última década. El debate mencionado tendió a pasar por alto, sin embargo, que la política social no es una simple escogencia entre estas dos alternativas de subsidios y que la política de inversión social, ya expuesta en esta misma sección, tiene a largo plazo consecuencias mucho más favorables para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más carenciados.
2.3.- Los Subsidios Directos: La concepción en que se basan los subsidios directos, por cierto, es todavía más sencilla y menos elaborada que la anterior. Se trata en este caso de otorgar una transferencia directa, en bienes o en dinero, a los grupos sociales que presentan mayores necesidades, asumiendo que las personas que la reciben podrán de esta manera suplementar sus ingresos o acceder a ciertos bienes y servicios que de otro modo quedarían por completo fuera de su alcance. Este modelo proporciona, como resulta evidente, algunas indiscutibles ventajas: las transferencias son claras y transparentes, pues se sabe de partida a quiénes van destinadas y cuales su monto; la cobertura de la población también es explícita, y puede discutirse y modificarse cuando resulte necesario, excluyendo a los sectores que no necesiten las ayudas; la incidencia sobre el presupuesto público es también cuantificable y, por último, la población que los recibe obtiene una ayuda directa, que puede también cuantificar y de la cual puede disponer de acuerdo a sus necesidades. Estas obvias ventajas hacen olvidar, la mayoría de las veces, los profundos inconvenientes que trae una política social centrada en subsidios directos. Resulta en cierto modo fácil, políticamente, decidir que se entregará un subsidio a tales o cuales grupos sociales; lo que en cambio no es tan sencillo es decidir que, por razones económicas o de otro tipo, tales subsidios deban ser reducidos o eliminados. En este caso las presiones que ejercen los grupos afectados se convierten directamente en protestas, a carreando así un costo político alto, que el gobernante percibe además de un modo claro e inmediato. Por esta razón los subsidios directos tienden a permanecer como políticas casi imposibles de modificar. Son fáciles de crear y de aumentar, porque los que pagan sus costos son, en definitiva, la multitud dispersa de contribuyentes a los cuales se afecta aparentemente muy poco, pero son casi imposibles de reducir o eliminar pues los beneficiarios están normalmente concentrados, se encuentran alerta y no desean, de ningún modo, perder los ingresos que obtienen por esta vía. A esta característica general, que se presenta con especial intensidades el caso de los subsidios directos, hay que añadir la costosa estructura que representa su puesta en práctica. No se trata, cuando hablamos de subsidios directos, de transferir algunas sumas a determinadas empresas o instituciones, o de establecer ciertas políticas de tipo general: se trata de entregar dinero o bienes a un número importante de personas, millones generalmente, a las cuales se considera en una situación social de carencia. La estructura burocrática que se necesita para ello, en algunos casos, es verdaderamente gigantesca, con lo que es frecuente que una buena proporción del gasto del Estado en políticas sociales termine, en definitiva, en manos de los miles de funcionarios que se necesitan para administrarlo. Como resultado de ello se reduce grandemente la eficiencia de los programas, se aumenta insensiblemente el poder de decisión de los empleados públicos que los administran, y que terminan muchas veces trazando la verdadera y efectiva política social que se lleva a cabo, y por último, aunque no menos importante, se crean posibilidades ciertas de corrupción, pues se manejan enormes sumas sin que pueda ejercerse un control muy cuidadoso y estricto del modo en que se gastan. Pero todos estos inconvenientes, en definitiva, no son más que dificultades prácticas que, de un modo u otro, podrían llegar a aceptarse si se considerase que la mejor política social posible consiste en otorgar transferencias directas a los más necesitados. El verdadero problema es que los subsidios de este tipo resultan, por diversas razones, una herramienta muy limitada muchas veces contraproducente para alcanzar las metas a las que supuestamente se dirigen, veamos por qué. Si los subsidios tienen por objeto superar situaciones transitorias o puntuales en que se encuentren determinados grupos de personas es posible que, bien manejados, produzcan durante un tiempo resultados positivos.
3.- Las Políticas Sociales en la Actualidad: Los problemas expuestos precedentemente, ampliamente discutidos en la bibliografía internacional, permiten definir un conjunto de acuerdos básicos, al menos teóricamente, sobre algunos puntos importantes. Pero el trazado de una política social, como la misma definición lo implica, no puede circunscribirse a un ejercicio académico que pondere ecuánimemente los pro y los contra de cada iniciativa: adoptar, modificar o reformular a fondo una política social es una empresa eminentemente política, donde es preciso balancear opuestos intereses, navegar entre las presiones de grupos consolidados a veces con fuerte acogida en la opinión pública y enfrentar, lo que no es fácil, hábitos mentales y falsos conceptos fuertemente arraigados aun entre los especialistas. Respecto a los puntos en que existen acuerdos generalizados en la actualidad puede hacerse la síntesis siguiente:
a) La concepción de una política social basada en subsidios indirectos parece haber caído en desuso en casi todas partes del mundo (salvo, tal vez, en Venezuela, donde se sigue actuando con los mismos criterios de los años setenta). Como, desde un punto de vista estrictamente económico, los subsidios indirectos suponen la fijación de precios por vía gubernamental o la subvención a ciertos productores en detrimento de otros, tal política parece corresponderse más bien con economías cerradas y protegidas, situándose en franca oposición con las tendencias dominantes a escala internacional, la apertura y la globalización. Es cierto que aún se mantienen subsidios a productores agrícolas en el mundo desarrollado, especialmente en el caso de la Unión Europea, pero es verdad que tales prácticas se encuentran hoy fuertemente cuestionadas, por los inmensos costos que implican, y sometidas a las presiones de los organismos internacionales que propugnan el libre comercio. El otro rubro en el que los subsidios indirectos resultan ampliamente extendidos es el del transporte colectivo. Ferrocarriles, metros y empresas de transporte terrestre operan, en muchos países, ofreciendo sus servicios a los usuarios a precios inferiores a sus costes; el Estado absorbe la diferencia, permitiendo un transporte barato que subsidia, en general, los movimientos cotidianos de la población trabajadora. Por las peculiaridades del servicio (su inelasticidad ante la subida de precios, su carácter de indispensable dentro de los grandes núcleos urbanos de hoy, etc.) es posible que estos subsidios permanezcan en cierta medida fuera de la tendencia general, que lleva, como insistimos, a su eliminación.
b) El proceso anterior produjo, al menos durante un cierto período, una especie de reacción poco meditada a favor de los subsidios directos. Organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional este último muy poco versado en temas sociales aconsejaron a los gobiernos compensar la eliminación de los subsidios indirectos por medio de la creación de un sistema de ayudas directas dirigido hacia los sectores que más podían sufrir el impacto del cambio de políticas. La Beca Alimentaria venezolana, y otros programas sociales semejantes en diversos países, surgieron de este modo. La experiencia indica que los resultados han sido positivos, pero sólo en una escala sumamente limitada. Las ayudas directas, al no poder tener la magnitud de las que se proveen en los países desarrollados, pues en todos los casos nos estamos refiriendo a países de ingresos bajos o medios, han servido sólo como un amortiguador, débil y momentáneo, de los conflictos sociales provocados por los ajustes, pero no han podido revertir por sí mismas la situación de pobreza en que se hallan grandes capas de la población o incidir de un modo significativo en cuanto a la redistribución global de los ingresos. Como bien muestran diversos casos, tales subsidios o han tenido un carácter estrictamente temporal (como en Chile) o han sido erosionados de tal modo por la inflación que, de hecho, han perdido toda relevancia como ayudas efectivas(Venezuela).Por todo ello puede afirmarse que la política social basada en subsidios directos de tipo compensatorio marcha hoy hacia una mucho más precisa definición de sus fines y sus alcances: la mayoría de los analistas no la consideran ya como una política de largo plazo sino un recurso estrictamente paliativo, no la perciben como una forma de realizar cambios estructurales en lo social y recomiendan su focalización y descentralización en la medida de lo posible.
c) Muy diferente es el caso de los subsidios directos sobre la base de los cuales se estableció el Welfare State en la mayoría de los países desarrollados. No tratándose de políticas coyunturales sino de una concepción global que apunta hacia la redistribución de la riqueza y procura garantizar un nivel de vida mínimo para todos los ciudadanos, y contando con amplios recursos económicos, (en USA, por ejemplo, ya ha sobrepasado el tercio de los gastos fiscales totales, superando, a partir de los noventa, los gastos de seguridad y defensa) el Welfare State se desarrolló ampliamente, habiendo alcanzado en muchos casos resultados espectaculares. Pero factores de muy diverso tipo han llevado, en los últimos años, a la necesidad de un replanteamiento en algunos casos bastante profundo de todo el sistema. El primero de estos elementos se refiere a la imposibilidad de mantenerla costosa estructura de subsidios existente sin incurrir en déficits fiscales crónicos, que llevan a un endeudamiento inmanejable de las finanzas públicas y pueden ocasionar, en definitiva, una peligrosa inflación. La imposibilidad de aumentar los impuestos, más allá de cierto límite, sin producir como consecuencia un estancamiento o una retracción de la economía, ha impedido que se pudieran balancear los presupuestos del modo acostumbrado, imponiéndose así un límite final, bastante rígido, a los gastos sociales. Ello ha paralizado, inicialmente, la expansión del sistema, y ha obligado en los últimos años a buscar una reducción de las transferencias que realiza.
d) Los factores mencionados anteriormente han afectado también, de un modo muy importante, a los sistemas de jubilaciones y pensiones basados en el método de reparto, al punto que puede decirse que todos los países que lo poseen enfrentan actualmente la necesidad de algún tipo de reforma. Particularmente interesante es el hecho de que, en tales sistemas, las transferencias entre generaciones y dentro de una misma generación tienden a ser regresivas, de modo tal que los sectores de bajos ingresos de la fuerza de trabajo acaban subsidiando, de hecho, a quienes reciben ingresos medios o altos (Márquez G., 1992). Estos problemas han llevado a un replanteamiento de los sistemas de seguridad social: las recomendaciones se encaminan hoy hacia una reducción de los beneficios o hacia un cambio más radical, con la creación de fondos privados e individualizados de pensiones, como lo han hecho Chile y Singapur.
BIBLIOGRAFIABanco Mundial (1994), Envejecimiento sin Crisis, Washington D.C., Banco Mundial, 457 pp.Becker, Gary S. (1964), Human Capital, New York, Columbia University Press.Capdevielle S., Edgard (1993), Bienestar para el Pueblo, Caracas, Panapo, 150 pp.Castañeda, Tarsicio (1992), Combating Poverty, San Francisco, California, InternationalCenter for Economic Growth, 30 pp.COPRE (1989), Una Política Social para la Afirmación de la Democracia, Caracas,COPRE, 200 pp.Márquez, Gustavo (1992), "El Seguro Social en Venezuela", Banco Interamericano deDesarrollo, Monografía No. 8, Washington D.C.Márquez, Trino (1992), El Estado Social en Venezuela, Caracas, Ed. del Congreso de laRepública, 153 pp.Newsweek, diversos números.Sabino, Carlos (1994), De Cómo un Estado Rico nos Llevó a la Pobreza, Caracas,Panapo-CEDICE, 143 pp.Sabino, Carlos y Jesús E. Rodríguez-Armas (1991), La Seguridad Social en Venezuela,Caracas, Panapo-CEDICE, 186 pp.Wagner, Richard E. (1989), To Promote the General Welfare, San Francisco, California,The Pacific Research Institute.
Definición de programa social:
La Política Social son los grandes lineamientos estratégicos, de planificación y legales en el cual un Estado revierte la esencia de su función social, si esto es así, los programas sociales serán entonces la instrumentación y operacionalización sistemática de esas estrategias, normas y leyes en que se expresa la Política Social estatal. Los programas sociales son acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo) sobre la calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad. Los programas sociales abordan a la calidad y el modo de vida de una población por ser ellos indicadores del bienestar social, en cuanto a la disponibilidad de servicio y bienes como de la satisfacción de las necesidades individuales y sociales.
Programa Social como concepto, es un termino con limites muy vagos y contenidos muy amplios al igual que el termino Política Social. Tratar de establecer conceptualmente a los programas sociales es una tarea titánica dentro del contexto de las ciencias sociales, esto es debido a que es un termino equivoco o de difícil acepción.
No es uniforme la conceptualización sobre los programas sociales, se observan diversas tendencias, algunas amplias y otras restrictivas. Esta diversidad parte de que tanto los programas sociales como la política social tienen que ver con todos los ámbitos de la vida social, tales como el laboral, lo caritativo - asistencial, la beneficencia social, los derechos sociales, la previsión social, la seguridad social, las demandas sociales etc.
Las diferencias, que en la literatura encontramos para definir el término programa social, tienen que ver con lo que la Política Social desea privilegiar, sea el objetivo (el bienestar social) o la técnica para alcanzar ese objetivo. De otra parte, si una política social desea privilegiar las macro estrategias, los objetivos que conlleven a una sociedad ideal (Estado de Bienestar), los programas sociales serán entendidos como acciones encaminadas a mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de una población (Tesis Universal). Por el contrario si una Política Social desea privilegiar los medios y las técnicas para alcanzar así dichas metas (ahorro de gastos, localización de impacto etc.) entonces los programas sociales serán apreciados como acciones que brindan las oportunidades para que sea el mismo beneficiario el que consecuentemente llegue a sus objetivos y solvente sus necesidades. (Tesis del Particularísmo) (Méndez, 1992 : 139 / Maignon 1992 : 11, Gonzalez, 1996 : 13).
Sin embargo, podemos señalar, que en la definición de programa social se encuentran dos posiciones extremas, de por sí, dentro de las cuales se establece una diversidad de conceptos y posturas ideológicas. Autores como Franco –Cohen, Stahl, Maingon, Méndez C. entre otros han definido estos dos extremos como la Tesis Universal y la Tesis del Particularísmo. Esta distinción se basa específicamente en el tipo de "IMPACTO" sobre la población a beneficiar, que conlleva en su accionar un programa social.
profe disculpe me equivoque de documento.
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